CASO NASEIRO: En 1990, de una forma u otra, sus
nombres ya se relacionaban, más de veinte años después, los mismos nombres
vuelven a estar en el candelero: Luís Bárcenas, Rosendo Naseiro y Ángel
Sanchis, tres extesoreros del Partido Popular.
El 1 de Abril de 1990 José María Aznar accede a la
presidencia del PP en un Congreso celebrado en Sevilla, sucediendo en el cargo
a Manuel Fraga. Ocho días después el juez instructor de Valencia, Luís Manglano, dicta un auto de procesamiento
contra viarios miembros del PP entre los que se encuentran el administrador del
partido Rosendo Naseiro y el diputado valenciano Ángel Sanchís; estallaba el “caso Naseiro”. Los procesamientos se
producen por su presunta implicación en la concesión de licencias a empresas
constructoras a cambio de comisiones que sirvieron para la financiación del PP.
El asunto se descubre porque la Brigada de Estupefacientes
venía realizando desde finales de 1988 investigaciones sobre un supuesto
tráfico de drogas y habían iniciado
escuchas telefónicas al concejal del PP valenciano Salvador Palop porque
un hermano estaba siendo investigado por narcotráfico. Las escuchas no sé si
darían resultado con respecto al narcotráfico, pero descubrieron lo que podía
ser un caso de financiación ilegal del PP y de enriquecimiento personal de los
implicados. El asunto se llevó por delante a algunos miembros del PP que fueron
expulsados y a punto estuvo también de serlo Eduardo Zapalana que luego sería
presidente de la Comunidad de Valencia y ministro de trabajo.
Como Angel Sanchís era diputado, y por ello aforado, el
juez Manglano se inhibió del caso a favor del Tribunal Supremo. El fiscal del
Supremo consideró los hechos constitutivos de un delito de cohecho en grado de
conspiración por lo que pidió para los tres políticos nueve meses de prisión y
más de 30 millones de pesetas de multa. A petición de las defensas el Supremo
dictaminó que las escuchas telefónicas, principal prueba del caso, habían
violado el derecho a la intimidad de los acusados. En julio al fiscal y a las acusaciones no les
quedó más remedio que retirar los cargos
y el Supremo dicta sentencia absolutoria. También se ordenó la destrucción de
las cintas de las conversaciones (hay copias transcritas en Internet si alguien
está interesado y a fe que son jugosas).
LUÍS BÁRCENAS: nacido en Calañas (Huelva) en
1956, licenciado en Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas,
entró ya en el aparato de contabilidad del PP en 1985, y no se le conoce otro “oficio
ni beneficio”. Pero parece gustarle el riesgo. Además de sus arriesgadas
actuaciones económicas, parece que es amante del esquí de riesgo y de la
escalada. Con su amigo Luís Fraga (sobrino de Manuel), ha desafiado algunas de
las más difíciles cumbres, incluso la del Everest. En 1987, Fraga y Bárcenas organizaron, con el apoyo de
las cajas de ahorro confederadas (de nuevo las cajas de ahorros), una
expedición que trataba de abrir una nueva vía en el Everest. Formaron un
valioso grupo de alpinistas con el que subieron al coloso, sin oxígeno, por la
vertiente norte. Nació así la vía española de acceso a la cumbre. A su regreso
se creó cierto revuelo, porque hubo quien dudó del éxito de la aventura. Pero,
como asegura el histórico montañero César Pérez de Tudela, «la ruta, paralela a
la japonesa, era indiscutible». Después del Everest, escaló solo el Mont Blanc (4.810 metros) y
ascendió el Elbrus, la cima del Cáucaso (5.642 metros), del que
bajó esquiando. Le gusta mucho practicar 'heliski', un deporte extremo que
consiste en subir con helicóptero a una cima y lanzarse desde allá con los
esquíes puestos. No hay duda, valor no le falta.
ROSENDO NASEIRO: proviene de una humilde familia de
caseros gallegos. Tuvo negocios de transporte y tras ocupar algún cargo en la
sede del PP de Madrid se instala en Alicante.
Cuando José María Aznar releva a Manuel Fraga como
presidente del PP en 1990, se hace cargo de la secretaría general del partido
Álvarez-Cascos teniendo como tesorero a Rosendo Naseiro y como gerente a Luís
Bárcenas.
Actualmente Naseiro es conocido, entre otras cosas, por
ser un gran aficionado al arte y contar con una valiosa colección de cuadros.
En alguna ocasión se han expuesto cuadros de su propiedad en el Museo del Prado
y, posteriormente, el BBVA le compró (en concepto de dación en lugar de
impuestos) una colección de bodegones de los siglos XVII y XVIII que pasó al
Museo del Prado. La colección es de 40 obras aunque parece que Naseiro tiene
más de un centenar y cuyos autores son algunos de los más cotizados del género
del bodegón (si las obras compradas por el BBVA costaron 26 millones ¿cuánto
valdrán las que todavía son de su propiedad?).
ÁNGEL SANCHÍS PERALES: fue tesorero de AP hasta 1988 y
mano derecha de Manuel Fraga Iribarne. Nacido en Valencia es empresario y
financiero, dueño de múltiples bienes en España y Argentina.
Ángel Sanchís admitió en una comisión del Congreso que
como tesorero de AP había enviado millares de cartas a empresarios solicitando
fondos para el partido, nunca a cambio de favores políticos, asegurando que la
patronal CEOE actuaba como correa de transmisión para la recaudación, aunque
como organización no había dado nunca ninguna cantidad.
Sobre las actividades en su finca de La Moraleja en Salta
(Argentina), reproduzco el artículo Miguel Ángel Soto, responsable de la
campaña de Bosques de Greenpeace-Madrid, aparecido en Eldiario.es del martes
22:
CUANDO EL
MEDIO AMBIENTE SE CONVIERTE EN UN NEGOCIO
En estos días donde los periódicos parecen
monografías sobre corrupción política y negocios sucios, me ha venido a la
memoria la visita que recibí el 10 de abril de 2004. Se trataba de Ángel
Sanchís Perales, extesorero del Partido Popular, que quería contarnos sus
proyectos agroforestales en la finca de La Moraleja (provincia de Salta,
Argentina).
El Sr. Sanchís nos
contó que su finca, de 30.000
Ha, tenía grandes posibilidades: pista de aterrizaje,
ferrocarril en sus proximidades y un gaseoducto en construcción para dar
energía a su finca exclusivamente. Muy bien, pero ¿qué quería exactamente
Ángel Sanchís de Greenpeace?
La Moraleja, según nos contó su dueño, tenía 12.000 hectáreas
en producción (soja transgénica, extracto de limón) y el resto era monte
"no productivo" que Sanchís quería poner “a producir” realizando
plantaciones de maderas “nobles”: teka, caoba, cerezo, roble, etc. Para ello
había que deforestar el bosque nativo, pero Ángel Sanchís nos explicaba que iba
a ser bueno para el medio ambiente. Había calculado la cantidad de dióxido de
carbono que habría de fijar esta plantación y la comparaba con las emisiones de
gases de efecto invernadero que producía no recuerdo que ciudad. También, se
comprometía a certificar estas nuevas plantaciones de árboles bajo sistemas de
certificación forestal responsable.
Y con estas premisas, pensaba el Sr. Sanchís que Greenpeace podría estar de
acuerdo. Le preguntamos si el bosque nativo no fijaba también dióxido de
carbono y si no habría que tener en cuenta también la biodiversidad del bosque.
Pero, según dijo el Sr. Sanchís, el bosque nativo de Salta no era productivo.
Sanchís supo pronto que Greenpeace no iba a avalar el proyecto, pero dado que
el argumento de “incrementar los sumideros de carbono” no había funcionado,
Sanchís disparó un último y sorprendente cartucho ofreciéndonos una
gratificación en caso de colaboración. Impresionados, le explicamos
educadamente cuáles eran las (únicas) vías de financiación de Greenpeace y le
reiteramos nuestra vocación en defensa de los bosques. No tuvimos más
contacto con él.
El final de esta historia es triste. A pesar de la aprobación de Ley de Bosques
(que, entre otras cosas, establecía una moratoria a nuevas deforestaciones), los
dueños de La Moraleja consiguieron su propósito. Dos semanas después de que
el Congreso de Argentina aprobara la Ley, los representantes de La Moraleja
solicitaron la autorización para deforestar 5.900 hectáreas.
Había poderosas razones para moverse con rapidez, ya que la Ley de Bosques
catalogaría posteriormente el bosque nativo de La Moraleja (el mismo al que el
Sr. Sanchís se refería como “no productivo”) dentro de la Categoría I, la de
mayor protección.
En 2009, el Defensor del Pueblo de la Nación elaboró un informe sobre la
deforestación en Salta que criticaba el daño irreversible de los desmontes
autorizados por las autoridades provinciales. En dicho informe, las
autoridades de esta provincia argentina reconocieron que no existía un
ordenamiento territorial o ambiental en la provincia previo a las
autorizaciones de los desmontes, como exigía la ley. Algo que jugó a favor de
los propietarios de la finca La Moraleja.
Cuando leemos en la prensa que Ángel Sanchís recibió un crédito del ICO o
que los fondos que Luis Bárcenas tenía en Suiza podrían haber sido derivados a
estas actividades agro-forestales en Argentina, en Greenpeace comprobamos,
una vez más, que la corrupción política no sólo es mala para la economía del
planeta, lo es también para sus recursos naturales.
Para terminar decir que en esta zona vive el pueblo wichí, etnia indígena del Chaco repartida entre Argentina y Bolivia
que han vivido tradicionalmente de la caza, la pesca y el cultivo de pequeños
huertos en una tierra fértil de pastos y bosque que cubría sus necesidades. La
introducción de la ganadería convirtió esta tierra fértil en un desierto. Las
industrias madereras han talado el bosque. Todo esto les ha hecho depender de
empleos ocasionales para sobrevivir ya que se han quedado sin tierras. Las
promesas gubernamentales de reconocerles un territorio siempre han sido
postergadas. Ahora también tienen que luchar contra los propietarios de La
Moraleja, que parece son los que mandan en la zona.
Pues bien allí han ido a parar los 18 millones de dólares
prestados por el ICO (Instituto de Crédito Oficial) a Ángel Sanchís y que a
estas alturas no está claro si ha devuelto.